Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el FMI espera una “aceleración muy positiva de crecimiento económico para 2027″

El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia.

Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.

Flybondi no le pagó a nadie; como quien dice, “dejó el tendal”. Les debe a prácticamente todos los proveedores que se cruzaron en su camino, desde la ferretería, el fabricante de barritas de cereales, la limpieza o el control de plagas de oficinas hasta los dueños de los aviones o los talleres donde los mantenían. La lista es enorme y llega a 780 acreedores, entre los que figuran gigantes como YPF, Google y Mercado Libre; empresas multinacionales como Fedex o Sabre. Hay facturas impagas de Aeropuertos Argentina, Telecom, de Swiss Medical, del Hotel Presidente y hasta de la Cooperativa de Servicios de Taxis del Aeropuerto de Ezeiza.

En plena caída, con la flota reducida a menos de cuatro aviones operativos, Flybondi mantuvo su compromiso con la AFA de Claudio Tapia. La nómina de acreedores incluye a Grupo Terruño, una firma mendocina, con una deuda de $255,3 millones por el patrocinio de la Copa Argentina 2026. Según la documentación, la aerolínea se comprometió a pagar $47,19 millones por mes en un plan de diez cuotas como “Main Sponsor” del torneo. Ninguna se pagó y pareciera que a la quinta se rescindió el contrato.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco en los subsidios a la energía y les pidió a los gobiernos de América Latina preservar los avances en su reducción. En su último informe de Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, el organismo destacó a la Argentina entre los países que lograron progresos en el recorte de estas ayudas y advirtió que las medidas generalizadas para amortiguar el impacto de los precios internacionales pueden generar distorsiones económicas.

El planteo tiene implicancias directas para el Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión avanzó con aumentos de tarifas para reducir el gasto público y trasladar una mayor proporción del costo de los servicios a los usuarios.

El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.

Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.

Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a LA NACION el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.

El Gobierno calificó los incidentes ocurridos este jueves durante la 5° Marcha Federal Universitaria como un ataque a la democracia, tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en los que se registraron empujones, piedrazos y daños al espacio público en la zona del Congreso.

Fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien apuntó a “grupos de tarea” por la violencia y defendió el accionar de la administración de Javier Milei respecto al presupuesto para universidades, un foco de tensión con la educación pública, que reclama fondos en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

Adelantar la discusión electoral cuando falta más de un año puede no ser la mejor estrategia. Menos para el Gobierno, que depende de que la maquinaria económica funcione lo más aceitada posible para llegar a los comicios mejor posicionado. El sector privado ya hace semanas que, ante la duda, puso el freno de mano: la prudencia se ha vuelto la norma. La perspectiva de enfrentar en 2027 una elección polarizada entre dos modelos completamente opuestos, como podrían ser el de Javier Milei y el de Axel Kicillof, tiene a muchos desconcertados. Y es que ni la economía está tan mal como muchos en la oposición pueden fogonear, ni tampoco tan bien como para augurar un resultado cantado en 2027. Nada peor que la falta de certezas: todos los escenarios están abiertos.

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo buscaron en las últimas horas aplacar los temores de empresarios e inversores internacionales, que no terminan de comprender el histórico péndulo político de la Argentina.

El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitud frente al Congreso. Pero, a diferencia de las oportunidades anteriores, terminó con incidentes.

En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades -que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo- a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.

La situación se descontroló cuando todavía no había terminado el acto central, donde confluían alumnos, docentes, sindicatos y organizaciones. En tándem, cerca de la valla que protegía el Congreso, personas con el rostro tapado y mochilas rompían bancos y tiraban piedras.

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El oficialismo nacional finalmente contó con la ayuda de varios gobernadores para blindar el DNU 70/2023, aunque algunos nombres cambiaron sobre la hora. Las ausencias de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron cruciales.

Más sorpresivas fueron las ausencias de dos diputados de Unión por la Patria que responden al fueguino Gustavo Melella, quien se acercó a la Casa Rosada a raíz del proyecto por Malvinas, y al santiagueño Elías Suárez. Se trata de Agustín Tita y Estela Neder. En el caso de Córdoba, no estuvo Alejandra Torres.

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Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El auxilio de los gobernadores del norte y centro, con influencia directa sobre las bancadas provinciales, fue clave para el Gobierno, que obtuvo tras esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.

Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso destacaron los tres legisladores de Independencia alineados con Osvaldo Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

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El 15-O se presentaba como un desafío significativo para el Gobierno, pero, al final, con mucho esfuerzo, varias concesiones de último momento y algunos aportes exógenos clave, se llevó dos imágenes triunfales. Adentro y afuera del Congreso.

Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, este miércoles funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.

En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.

Fuertes incidentes se registraron este jueves entre manifestantes y la policía durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.

Pasadas las 16, mientras algunos manifestantes rompían bancos y tiraban piedras, la policía arrojaba agua de sus camiones hidrantes y gases lacrimógenos. En total, se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos, incluido dos menores de edad.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que se encuentran trabajando en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por resistencia y atentado a la autoridad, al orden constitucional y daño agravado.

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