El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá, además, cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. También argumentó que esas manifestaciones representan “un riesgo para los ciudadanos y quebrantan el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.

En la normativa señaló que ese tipo de conductas desnaturalizan el sentido de la política migratoria argentina y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. De esta manera, sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.

Con ese fundamento, el DNU incorporó una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. El nuevo motivo consta de los mensajes de odio formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios.

Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.

Para justificar la medida, el Ejecutivo citó un fallo de la Corte Suprema en el que se establece que toda nación soberana posee la facultad de prohibir el ingreso de extranjeros o admitirlos “bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir”.

El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Ese cuerpo deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento expreso dentro de un plazo de diez días hábiles.

La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, el teniente general Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Minutos después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió en su cuenta de X un comunicado, únicamente firmado por el Presidente, en el que ratificó la decisión. Allí, el Gobierno presentó la medida como una respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.

“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, sostuvo el texto oficial. Y concluyó: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

La campaña “anti-Argentina” denunciada por el Gobierno

La decisión se conoció pocos días después de que distintas celebridades extranjeras publicaran críticas contra la selección argentina y el país, tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. El Gobierno calificó, como informó LA NACION, esa sucesión de mensajes como una campaña “anti-Argentina”.

Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien definió a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y pidió a la comunidad negra que no apoyara al equipo capitaneado por Lionel Messi. También se pronunciaron, según detalló LA NACION, la actriz Mia Khalifa, el cantante británico Niall Horan y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, mientras que Rosalía pidió disculpas después de compartir una publicación contra los hinchas argentinos.

En ese contexto, Milei acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en la campaña. El mandatario aseguró que “el 25% de los recursos” utilizados salió del gobierno brasileño.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló posteriormente la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada con sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España, desde cualquier parte del mundo, hablen de la Argentina como un país racista, claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo.

Las acusaciones se produjeron además en medio de una crisis diplomática entre la Argentina y Brasil. El conflicto se abrió después de que Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario” durante el acto que erigió a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en las próximas elecciones brasileñas.

Como respuesta, el gobierno de Lula da Silva llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle su repudio.

Bitelli se reunió este miércoles con el canciller Mauro Vieira y con Lula, tras lo cual Brasil decidió mantenerlo temporalmente en territorio brasileño mientras continúa evaluando la relación bilateral, informó LA NACION.